Resumen:
En la presente investigación se ha empleado la metodología jurídica social, sobre todo el análisis y síntesis; aplicada en la estadística, ya que además del estudio teórico y del trabajo de campo, se ha realizado un estudio a través de encuestas y de la revisión de las sentencias condenatorias de los procesos penales sumarios y ordinarios. Luego de la obtención del resultado de las encuestas y del análisis de las sentencias condenatorias, y con la debida contrastación con las hipótesis, en gran medida se ha llegado a establecer que no existe una debida motivación en la fijación de las penas y que los magistrados sólo se basan en la aplicación normativa; por tanto, no se puede hablar de la aplicación o de la determinación de la pena privativa de libertad en sentido estricto y a conciencia, que tenga que ver con un grado de razonabilidad lógica, mucho menos que sirva de aporte para la jurisprudencia.
Asimismo, se ha recurrido a las herramientas que la estadística ha proporcionado, ya que el trabajo de campo tiene un soporte en las encuestas y en la revisión de las sentencias condenatorias de los procesos penales sumarios y ordinarios. Aunado a ello, la contrastación de las hipótesis posibilitó en gran medida llegar a establecer que no existe una debida motivación en la fijación de las penas y que los magistrados solo se basan en la aplicación normativa; por tanto, no se puede hablar de la aplicación o de la determinación de la pena privativa de libertad en sentido estricto y en relación con un grado de razonabilidad lógica, mucho menos de que sirva de aporte para la jurisprudencia, la cual revela un problema con solución pendiente.
Esta tarea no se restringe a los operadores de justicia, sino que incluye ámbitos más allá de la esfera jurisdiccional. Su origen radica en la educación o formación profesional en las universidades sobre todo en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas a nivel nacional, así como en la estructura administrativa de la justicia, factor que incide en la problemática.