Resumen:
De acuerdo con todo lo investigado y analizado en los capítulos de esta tesis en cuestión a los delitos de abuso de autoridad, es realmente necesario que se vigile más celosamente a las autoridades desde el ministerio público hasta la autoridad judicial y hacer que realmente se aplique la ley y se sancione de acuerdo a la misma al servidor público que cometa algún delito contemplado en la ley, ya que en la actualidad no es común que se les sancione a ningún funcionario público, ya sea por falta de interés de la población y/o por que los encargados de sancionarlos no lo hacen, es por ello que creemos necesario crear cuerpos policiacos con excelente preparación profesional y técnica, respetuosos de los derechos humanos; preparar a los agentes del ministerio público que sean detectives eficaces, tanto como juristas y celosos guardianes de la legalidad; jueces con profundo conocimiento jurídico y honestidad e independencia sin límites; autoridades administrativas eficientes e incorruptibles. Y se formulen leyes más específicas precisas para las autoridades competentes con el fin de que si se sancione a estos malos funcionarios que realizan estas prácticas expresando el rechazo de que toda declaración en que existan presunciones o indicios fundados de que la misma fue obtenida mediante coacción, privación o tortura física y moral. La propuesta seria que la policía ya no pudiera interrogar a un inculpado y la declaración de este tuviera valor si era hecha en presencia de su defensor particular únicamente. Además de intensificar los programas de formación y difusión destinados en especial a los servidores públicos de los organismos responsables de hacer cumplir la ley y además al personal de las procuradurías de justicia, ya que estos son los servidores públicos que se prestan para que se den los abusos en los sujetos, e implementar procedimientos adecuados para informar a los detenidos acerca de sus derechos, ya que si bien es cierto las autoridades responsables de hacer cumplir la ley únicamente los exhorta y apercibe para que se conduzcan con la verdad intimidando a estos, sin saber de los derechos que les concede nuestra constitución. Además de todo lo anterior recomendado consideramos de que sería de gran beneficio otorgar a las comisiones públicas de los derechos humanos facultades jurídicas para sancionar el ilícito ejercicio de la acción penal en los casos de violaciones graves de los servidores públicos ya que constitucionalmente el ministerio público es el que tiene el monopolio de la acción penal, además de ello se tomaran medidas restringiéndole las facultades en lo concerniente “al arraigo” que lejos de ser este una ayuda para esclarecer los delitos, le sirve a las autoridades ministeriales como su más poderosa arma para abusar del poder y llevar a cabo la consumación de los delitos como lo son la tortura y la privación ilegal de la libertad para obligar a los inculpados a confesar delitos de los cuales en la gran mayoría, estos no tienen nada que ver. Ya que les es más fácil obligar a los sujetos a rendir estas declaraciones por medio de la privación y de la tortura.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como info:eu-repo/semantics/openAccess