Resumen:
Diariamente se registran múltiples hechos de violencia en el ámbito familiar, muchos de los cuales derivan en casos de feminicidio, constituyendo una problemática social de gran impacto que afecta gravemente los derechos fundamentales de las mujeres. Frente a esta realidad, el ordenamiento jurídico contempla la adopción de medidas de protección destinadas a preservar la seguridad e integridad de las víctimas; no obstante, en la práctica, dichas medidas no siempre alcanzan el nivel de eficacia y efectividad esperado. En consecuencia, pese a haberse emitido medidas de protección en favor de mujeres víctimas de violencia, en determinados casos las agresiones persisten y culminan con la muerte de la víctima. En este escenario, la presente investigación tuvo como finalidad evaluar la eficacia de las medidas de protección otorgadas a las víctimas de violencia familiar por el Juzgado Mixto de Lauricocha, 2017. De igual manera, se buscó verificar si estas medidas son ejecutadas de manera efectiva y si cumplen con su propósito de garantizar los derechos de las víctimas, así como la tutela de su integridad física y psicológica. La investigación se desarrolló bajo un enfoque de tipo descriptivo. La muestra estuvo conformada por seis expedientes judiciales sobre violencia familiar, seleccionados aleatoriamente y tramitados en el Juzgado Mixto de Lauricocha, 2017. Asimismo, participaron dos jueces, seis abogados litigantes especializados en derecho de familia y diez personas víctimas de violencia familiar. Para la obtención de la información se utilizaron las técnicas de encuesta, entrevista y análisis documental de los expedientes judiciales. Posteriormente, la información recopilada fue procesada y presentada mediante cuadros y gráficos estadísticos, permitiendo contrastar la hipótesis formulada en la investigación. Los hallazgos evidenciaron que las medidas de protección presentan una eficacia limitada, debido a que los agresores continúan ejerciendo actos de violencia contra las víctimas a pesar de las disposiciones judiciales. Asimismo, se determinó que la reparación económica resulta insuficiente y que no se garantiza de manera integral la reparación de los daños físicos, psicológicos y morales ocasionadas por la violencia familiar