Resumen:
Esta pesquisa tuvo como finalidad establecer el impacto general de los ilícitos originados por el inadecuado manejo en las contrataciones con el Estado sobre la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El estudio correspondió a tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La población y muestra estuvieron integradas por 23 servidores y funcionarios públicos, así como trabajadores judiciales.
Los resultados evidencian que, respecto al tratamiento de las contrataciones con el Estado, el 30% de los encuestados manifestó que casi siempre verifica los requisitos legales durante el procedimiento de selección, mientras que el 26% indicó que lo hace solo a veces. En cuanto al principio de publicidad y transparencia en los procesos realizados en 2024, el 35% señaló que se cumple conforme a la normativa vigente mediante plataformas como el SEACE y el OECE; sin embargo, un 30% indicó un cumplimiento moderado y un 26% lo consideró escaso.
Respecto a la capacitación de los compradores públicos, el 43% afirmó que se realiza periódicamente, el 35% indicó que ocurre una vez al año y el 17% señaló que es limitada. En relación con las acciones de control preventivo para reducir el delito de colusión, el 30% indicó que siempre se ejecutan, otro 30% que rara vez, y el 26% que se realizan a menudo. Estos resultados evidencian deficiencias en la gestión de contrataciones públicas que inciden en la configuración de responsabilidad penal de las personas jurídicas.