El bien jurídico en los delitos ambientales: controversia con el derecho administrativo sancionador

Abstract

Este trabajo está dirigido a principalmente a contribuir a la comunidad científica y a identificar el bien jurídico tutelado en los delitos cometidos contra el medio ambiente, es así que en tiempos modernos en los que vivimos el derecho ambiental, debe estar dirigido a la prevención y protección del medio ambiente, para así poder anticipar aquellos actos punibles que atenten contra el medio ambiente, es por ello que existen diferentes parámetros de control ambiental, que buscan la estabilidad del medio ambiente. Como sabemos existen diversas acciones que se desarrollan en nuestro país a diario y fruto de dichas acciones en muchas veces se atenta contra el medio ambiente, que viene a ser el bien jurídico protegido, es así que actualmente se encuentra tipificado en el código penal en el título XIII, el cual habla sobre los delitos cometidos sobre el medio ambiente, el cual a su vez fue regulada por el congreso de la republica con la Ley 292633, donde sancionan con mayor firmeza a aquellos que atenten contra el medio ambiente. Es así que, partiendo desde el concepto de una sociedad de riesgo, nos lleva a todos a continuos riesgos en nuestra vida cotidiana, si bien es cierto no podemos evitarla, pero si disminuirla y controlarlo y así poder evitar una responsabilidad penal, ya que existen riesgos catastróficos, tales como los supuestos vertidos de petróleo en el océano, que suelen ser catastróficos para el medio ambiente. Por citar un ejemplo de la mencionada modificación del Código Penal, están las multas que fueron aplicadas a la empresa de Pluspetrol, cuando se declaró en emergencia ambiental las cuentas en Loreto, así como también la privación de la libertad por cuatro años, en la sentencia recaída sobre 3 pescadores, quienes luego de usar dinamita para poder extraer más de 200 kilogramos de especímenes marinos en una zona declarada como Reserva Nacional de Paracas , la cual es una las más importantes reservas marinas en la costa de nuestro país. “Uno de los elementos donde se limita el accionar de los jueces y fiscales es la comprensión y aplicación por su alta especialización de los principios que predisponen los aspectos relacionados al bien jurídico protegido, los mismos que implican determinar riesgos y la responsabilidad penal y/o civil de las personas, como son el principio precautorio, principio de la protección penal por merecimiento, principio de interacción de elementos individuales y colectivos, principio de la responsabilidad compartida, principio de la protección penal como necesidad, principio de lo accesorio a lo administrativo; a la que se suma que para determinar la sanción, se necesita un informe previo del Organismo de Supervisión y Fiscalización Ambiental – OEFA” (Miranda, C, 2016, p. 8), de ahí que existe la peculiaridad de estos es delitos, ya que a nivel fiscal se podría solicitar los llamados informes fundamentados dependiendo del tipo de los delitos, estos se solicitan a una entidad administrativa distinta, llámese gobierno regional, así como a la OEFA, a través de su autoridad regional ambiental, y funcionario de la misma, así pues es que se hace aún más complejo la visión de los delitos ya que como sabemos cada delito tiene una peculiaridad. En ese orden de ideas pues se tiene que proteger el medio ambiente porque es necesario hacerlo ya sea por medio de la normatividad administrativa sancionador o el derecho penal que es la última ratio, sin embargo, cabe señalar que en ambos casos lo que se está protegiendo el bien jurídico es el medio ambiente y no necesariamente con ello se busca vulnerar el NEN BIS IDEM.