Vulneración de la motivación de resolución en el acto administrativo en la Municipalidad Distrital De Quisqui, 2018

Abstract

El derecho al debido proceso y los derechos que contienen son invocables, y, por tanto, están garantizados no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del administrativo, supone en toda circunstancia, el respeto por parte de la administración pública o privada de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución (Landa, 2012, págs. 11-13). Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, cuando el órgano administrativo al adoptar la decisión. De modo que, motivar una decisión, no solo significa, expresar únicamente, bajo que norma legal se expide el acto administrativo, sino fundamentalmente, exponer en forma sucinta, pero suficiente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. Pese a que a nivel de la constitución se encuentra regulado la motivación de las resoluciones en el ámbito judicial así como también en el ámbito administrativo, existen instituciones del estado que expiden un acto administrativo sin la debida motivación de la decisión adoptada tal como es el caso de la Municipalidad Distrital de Quisqui, donde se advierte que el acto administrativo emitido por la autoridad competente que es el Alcalde, carece de motivación esto a razón de que en la citada institución no cuenta con un área de asesoría legal, que debe encargarse de emitir su opinión y debe observar y sugerir la motivación de las resoluciones de todos los actos administrativos que se llevan a cabo en la municipalidad distrital de Quisqui. De los casos analizados que fueron materia de estudio se advirtió que en el 40% de los Actos Administrativos se ha citado una norma que no corresponde al caso, así como también en el 30% de los actos administrativos se advierte incongruencias entre los hechos expuestos con la decisión adoptada por la autoridad competente.